viernes, 21 de marzo de 2014

El pecado original de la Economía Argentina

Por Aldo Ferrer* - © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

La encrucijada en la que se encuentra la economía argentina tiene su raíz en la restricción
externa de divisas, resultado de un modelo productivo desequilibrado, altamente dependiente de las importaciones y poco innovador. Un repaso de la historia económica del país permite entender cómo se llegó a la situación actual.

espués de la crisis terminal del 2001/2, el cambio de rumbo de la política económica argentina permitió recuperar la producción y el empleo, reestructurar la deuda externa, cancelar la deuda pendiente con el FMI y atender necesidades sociales urgentes. En el nuevo escenario, reaparecen antiguos problemas vinculados a la naturaleza de su estructura productiva y a los vínculos de la economía nacional con su contexto externo. Recordemos los antecedentes del problema.

La historia
Bajo el modelo de la economía primaria exportadora, inaugurado a mediados del siglo XIX y clausurado con la crisis mundial de los años treinta, los pagos internacionales eran la correa de transmisión entre el ciclo económico mundial y la actividad económica interna. Sin embargo, no existía una insuficiencia crónica de divisas para sostener ese régimen de acumulación y crecimiento. En el plano institucional, desde la presidencia de Mitre hasta el golpe de Estado de 1930, la política se desenvolvió en el marco de las reglas de la Constitución, perfeccionadas bajo la Ley Sáenz Peña. No existieron, pues, restricción externa ni turbulencias institucionales que trabaran ese modelo de desarrollo de la economía argentina.
El problema se instaló en 1930, con la crisis mundial y el epílogo del modelo agroexportador, en el contexto de un golpe de Estado, el 6 de septiembre de 1930, que abrió un prolongado período de inestabilidad institucional que llegó hasta 1983. Comenzaba, en aquel entonces, la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), con dos rasgos principales. Por una parte, una elevada proporción de insumos y equipos importados en la producción manufacturera. Por la otra, una baja capacidad de exportaciones de bienes de origen industrial. Es decir, la ISI operaba con un desequilibrio en su balance de pagos internacionales. Esto es, existía lo que se denomina Déficit en el comercio internacional de Manufacturas de Origen Industrial (DMOI). En una primera fase, la producción industrial permitió ahorrar divisas, disminuyendo el coeficiente importaciones/PBI del 25% en 1929 al 10% hacia 1950. Este último resultó un piso de largo plazo. El DMOI se pagaba con el Superávit del comercio de Productos Primarios (SPP).
A partir de la crisis mundial de la década de 1930, debido a la convergencia de factores internos y externos, el SPP entró en un prolongado período de estancamiento. En consecuencia, las fases de expansión de la actividad industrial y, consecuentemente, de aumento de DMOI, tropezaban con un “cuello de botella” en el balance de pagos. Una vez que se agotaban las posibilidades de endeudamiento, el epílogo era el ajuste para restablecer el equilibrio perdido.
Hasta 1976, la deuda había sido una respuesta a las insuficiencias transitorias del balance de pagos y resultado de la característica estructural de la economía argentina, es decir, aquel déficit del período de la ISI (el DMOI). En 1976, en el marco de la globalización financiera internacional, la dictadura interrumpió el crecimiento manufacturero e introdujo un cambio radical en la naturaleza de la restricción externa. La apreciación del tipo de cambio y la liberación de la tasa de interés y del movimiento internacional de capitales insertaron plenamente a la economía argentina en la dinámica de especulación financiera global. Esta estrategia provocó el aumento incesante y acumulativo de la deuda externa...........
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Nota Completa en:

OPERATIVO PROGRESAR EN PLAZA VÉLEZ SÁRSFIELD

La Delegación Regional de ANSES y los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) llevarán adelante hoy, desde las 8 y hasta las 16, la última jornada del operativo en el centro de la ciudad iniciado el lunes, con el fin de brindar atención a los jóvenes, que cuentan entre 18 y 24 años, sobre el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), asesorándolos e inscribiéndolos.El ambicioso operativo cuenta con el auxilio de las “Aulas Rodantes” del Ministerio de Educación de la Nación. Desde el lunes, que comenzó la atención en Radio Nacional, se atienden más de 1.000 consultas diarias.Asimismo, y como parte del Programa “Maravillosa Música” de la Secretaría de Cultura de la Nación, ayer cerró la actividad el grupo Musical El Muty, quien presentó sus temas y tuvo como invitado al guitarrista “El Zurdo” Castagno. Hoy, a partir de las 13, actuarán Bajo Chapas y Tanguito, dos bandas que participaron el año pasado del programa de fomento a bandas juveniles. Cerrará Rimando Entreversos, el grupo cordobés ganador del concurso 2012 “Maravillosa Música”.
En otros puntos de la ciudad 
Esta tarde, desde la 18, en barrio Villa Aspasia (Roque Arias 3136), funcionarios de ANSES explicarán sobre los alcances del Programa PROGRESAR a los jóvenes de esta zona cercana a Ruta 20. El sábado 22 el mismo operativo se llevará a cabo en barrio Müller, y el domingo 23 será el turno de Villa El Libertador. Se recomienda a los chicos y chicas que aún no iniciaron el llenado de formularios, que concurran con partida de nacimiento y DNI, con sus respectivas fotocopias, para así acelerar el trámite.

El Psol, firmante del documento "Para más seguridad, más democracia"

El Acuerdo por una Seguridad Democrática (ASD), integrado por referentes políticos y sociales de diversos partidos y organizaciones, presentó el jueves 20 de marzo en el Salón Azul del Congreso Nacional el documento titulado “Para más seguridad, más democracia” que denuncia el carácter demagógico que se quiere imponer a la discusión pública en torno del anteproyecto de reforma del Código Penal y reivindica la necesidad de dar un debate abierto, plural y con rigor técnico en el parlamento que permita arribar a soluciones efectivas en materia de seguridad.
El Frente Nuevo Encuentro, los diputados nacionales Carlos Heller y Juan Carlos Junio y el diputado de la Legislatura CABA Edgardo Form acompañaron con su firma el documento rubricado por más de 600 legisladores, partidos políticos, referentes políticos, universidades, académicos, organismos y funcionarios públicos, organismos de derechos humanos, organizaciones y referentes sindicales, movimientos y referentes sociales, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, periodistas y particulares.
A continuación, texto completo del documento:

Para más seguridad, más democracia
En los últimos días se ha fortalecido un discurso oportunista de demagogia punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de toda racionalidad democrática y especula con la desinformación de la opinión pública.
Las reacciones ante el tratamiento de un anteproyecto de ley para modificar el Código Penal sirven de base para el despliegue de argumentos autoritarios, tanto en su perspectiva penal, como en su desprecio por las instancias de debate institucionales.
Están en juego los principios democráticos que protegemos como sociedad y los modos en que lo hacemos. Con la excusa de impedir el avance del anteproyecto elaborado por una comisión redactora con representación de diversas fuerzas políticas se impulsa una campaña basada en mentiras y distorsiones informativas que intenta generar miedo para consolidar proyectos políticos de corte antidemocrático.
Los falacias demagógicas deben poner a la ciudadanía y a todo el espectro político en estado de alerta: se trata de un ideario que sostiene sin fundamentos que el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo son las soluciones a los problemas de inseguridad.
Las evidencias muestran la falsedad de esos planteos. Las políticas basadas en el aumento de penas y el mayor encarcelamiento no reducen la inseguridad ni desactivan las redes de criminalidad causantes de los delitos que más preocupan a la población. Esas son las políticas que fueron el eje de todas las reformas penales de los últimos veinte años en el país y sólo aumentaron la violencia. La falta de democratización de las fuerzas policiales produce día a día mayor violencia, altos niveles de corrupción y connivencia con el crimen organizado y una gran ineficacia para prevenir y reprimir el delito.
Problemáticas complejas, como el narcotráfico, son usadas como coartada de modo irresponsable para justificar y extremar recetas autoritarias. Pero sabemos que la violencia no se resuelve con la guerra, ni dejándose seducir por atajos que consolidan la discriminación social y empujan la agenda de seguridad hacia la militarización.
A las organizaciones sociales y políticas comprometidas con la democracia y los derechos humanos nos preocupa que se instale una lógica en la que los referentes políticos compiten por liderar las propuestas de mayor endurecimiento y el componente represivo se presenta como única solución. Competencia que, al mismo tiempo, erosiona los mecanismos institucionales y las reglas básicas de la discusión en democracia: se ha argumentado a partir de mentiras y se proponen caminos inconstitucionales.
Desde el Acuerdo para una Seguridad Democrática, creado con el propósito de fomentar una discusión abierta y pluralista, basada en consensos mínimos sobre las políticas públicas de seguridad en democracia, valoramos el proceso de elaboración del anteproyecto en el que se comprometieron diversas fuerzas políticas como base para una discusión amplia en el Congreso y rechazamos el intento de clausura del debate. Muchos de los firmantes de este documento tenemos críticas, modificaciones o agregados al anteproyecto, pero creemos que hay que hacerlo por fuera de todo oportunismo electoral o demagogia, que luego cobra víctimas que vuelven a servir para construir una nueva demagogia, en un círculo vicioso que urge superar.
Buscamos reencauzar los términos y ámbitos de la actual discusión y, de cara a la sociedad, debatir con claridad y rigor técnico, las bases de una política criminal y de seguridad que sea democrática y eficaz, que para serlo no necesita tirar por la borda las mismas libertades públicas que forman parte de la calidad de vida que necesitamos defender.

La defensa del salario: una cuestión política fundamental

Tiempo Argentino | Opinión
Es un componente central de la lucha por la igualdad social ya que en ese punto se sustenta el verdadero sentido de la democracia.
Por Juan Carlos Junio

Luego de conocerse el dato de inflación de febrero con un guarismo todavía alto, comenzó a ganar consenso la idea que a partir de marzo se verificará una desaceleración del indicador, ya que en los primeros dos meses del año se habría absorbido una parte importante del efecto de la devaluación de enero. El cambio de tendencia es una buena noticia, sin embargo fue prácticamente omitida por los grandes medios, que, por el contrario y rápidos en sus reflejos, comenzaron a cargar las tintas aseverando temerariamente que en los próximos meses será inevitable una nueva devaluación. Es evidente que se trata de una postura con una manifiesta intencionalidad política, soslayando los datos que surgen de la realidad, y a sabiendas del impacto que generan en la formación de expectativas, justo en los momentos de tensión propios de las discusiones paritarias.
La bandera de una nueva devaluación fue izada en primer lugar por los habituales economistas del establishment, quienes en su prédica de esta semana confluyeron una vez más con los intereses del gran capital financiero mundial. Con sentido de oportunidad política, la calificadora Moody's, por medio de su director Gabriel Torres, sostuvo abiertamente que "el gobierno necesitará hacer otra devaluación". Esta declaración se produjo en el marco de una nueva baja de la nota de la deuda soberana del país, señalando que existe "un entorno de políticas inconsistente que incrementa la posibilidad de que las reservas oficiales continúen bajo presión este año y el próximo". Es un hecho que no le perdonan al Gobierno Nacional la decisión estratégica de no recurrir al fondeo de los mercados internacionales, negocio del que las agencias participan, y del cual, se sabe, salen beneficiadas con el cobro de jugosas comisiones. Ese esquema de los grandes prestamistas, junto a los que califican a los países, se completa con las condiciones leoninas que impone el Fondo Monetario Internacional, un verdadero tridente financiero.
Por lo demás, y aunque la derecha económica, política y mediática verbaliza sobre la defensa del poder adquisitivo del salario, sus planes concretos la contradicen ya que con sus políticas termina apuntando directamente al corazón del ingreso y los derechos de la clase trabajadora. Con la inflación como ariete, recomienda contener el gasto público: subsidios, también salarios estatales y jubilaciones, entre los ítems más importantes, y la demanda en general, lo que en última instancia terminaría afectando el nivel de empleo y consecuentemente los ingresos del conjunto de los trabajadores. Nada nuevo bajo el sol. Más bien todo viejo y fracasado.
La perspectiva puede ser ampliada a partir de las enseñanzas de otras épocas. Un ejemplo cercano es el de la convertibilidad, un caso paradigmático de estabilización inflacionaria realizada a costa de fuertes impactos en términos de desempleo, informalidad laboral y empeoramiento de la distribución del ingreso. Ya conocemos cómo terminó este patético experimento. Y un poco más atrás está el legado de la última dictadura, cuando la participación de los salarios en el ingreso nacional se redujo drásticamente hasta el 26% en 1983 desde el 45% del año 1974, de la mano de políticas económicas ortodoxas –que incluso tampoco pudieron terminar con la inflación— y de un despiadado disciplinamiento de los trabajadores. La ideología de esos "planes" siempre vino acompañada de otras medidas: supresión de las actividades gremiales y del derecho de huelga y reformas a la Ley de Contrato de Trabajo, entre otras.
Actualmente, la situación del país y de las grandes mayorías sociales está en las antípodas de la que vivían en aquellas épocas de crisis, a pesar de los opinadores que tratan de instalar la idea catastrófica de que el escenario es crítico. Más allá de las diversas materias pendientes, el conjunto de los indicadores sociales y macroeconómicos nos colocan ante una realidad que desbarata cualquiera de los trucos fantasmagóricos que plantea el neoliberalismo político y mediático, como antesala necesaria para imponer sus clásicas recetas antipopulares.
Es en este marco que cobra mayor sentido la frase de Cristina: "El verdadero centro de la disminución de la pobreza ha sido el surgimiento del trabajo en la Argentina, del trabajo legal y registrado." Una idea que nos interpela respecto de la necesidad imprescindible de continuar motorizando el nivel de actividad económica. En esa línea, tiene un rol relevante la consolidación del poder adquisitivo de los trabajadores por vía de las paritarias, con un renovado sentido por el retorno de las negociaciones colectivas de trabajo (entre 2002 y 2012 estas aumentaron de 208 a 1427), y la reactivación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, entre otros grandes avances en el plano de los derechos laborales.
La puja por la definición y el sentido de las políticas públicas se torna cada vez más crítica y en ello el Ministro de Economía Axel Kicillof fue claro al señalar que "este gobierno tiene metas de crecimiento, empleo, producción y reindustrialización". Una definición central a la hora de establecer los objetivos políticos como prioridades y a partir de ahí plantear las herramientas posibles.
En este marco, desde una perspectiva social de progreso, adquiere una vigencia central el sentido económico y político de los Precios Cuidados y el control de las ganancias extraordinarias de monopolios extranjeros y locales. Esta lógica es rechazada por quienes intentan empujarnos una vez más hacia el sendero de la desaceleración de la actividad y el empleo, lo cual está en la base ideológica de los planteos de una derecha que, sin reparo alguno y con una buena dosis de realismo mágico, parece tratar de mostrar que todo lo que hace es por la defensa del bolsillo de los trabajadores, cuando en realidad su meta es la de siempre: transferir riqueza hacia la cúspide de la pirámide social y volver al endeudamiento externo y a los planes de ajuste. De lo que se trata, para nosotros, es de defender el salario de los trabajadores como un componente central de la lucha por la igualdad social, ya que allí se sustenta el verdadero sentido de la democracia.

miércoles, 19 de marzo de 2014

“UNA VERDADERA FIESTA DE LA ECONOMÍA SOCIAL”

El sábado 15 de marzo se realizó en Córdoba la “Fiesta de la Economía Social” para celebrar la entrega de más de un millón de pesos otorgados por la Red de Microcréditos del Instituto Movilizador De Fondos Cooperativos (IMFC). El evento tuvo lugar en la sede de la Asociación Civil Junta de Participación Ciudadana en B° Santa Isabel, y estuvo coorganizado por la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI), el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y el IMFC. También Se encontró presente difundiendo y asesorando Centro de Acceso a la Justicia.

A partir de las 11:00 hs en la intersección de la Avenida Armada Argentina (Camino a Alta gracia) y Colorado, a metros del Cottolengo Don Orione, se congregaron centenares de personas entre microemprendedores, fundaciones, asociaciones civiles, mutuales, cooperativas de trabajo y espacios autogestivos que armaron una colorida feria donde cada stand pudo exponer y vender sus producciones; cortando la calle con un escenario donde actuaron diversos grupos artísticos y culturales.

Estuvieron presentes autoridades provinciales y nacionales de nuestro partido, entre ellas se destacó la presencia de los compañeros Edgardo Adrián Form (Legislador de la Ciudad de Bs. As), Rubén Cedola y Eduardo Fernandez (Presidente del Partido Solidario Prov. Córdoba).



Heller sostuvo que la derogación de la Ley de Entidades Financieras de la dictadura "es un cambio pendiente"

ECONOMÍA / LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS

“Siempre dijimos que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central era un gran paso, pero que en la misma dirección falta más y ese ´más´ está contenido en nuestro proyecto de Ley”, dijo esta mañana el diputado nacional Carlos Heller, refiriéndose a la Ley de Servicios Financieros, una iniciativa que apunta a derogar la norma 21.526 de entidades financieras dictada durante la dictadura cívico militar en 1977.

El proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social fue redactado con el objetivo de reemplazar la ley de Martínez de Hoz por una nueva regulación concebida desde el interés público, en base a las necesidades de los usuarios y para promover el desarrollo económico y social nacional.
En declaraciones radiales, el presidente del Bloque Frente Nuevo Encuentro explicó que el proyecto que impulsa el FNE tiene “dos ejes filosóficos: definir las actividades financieras como de interés público y que la ley, en vez de ser de entidades financieras, es decir una ley que regula el funcionamiento de las entidades, sea una ley de servicios financieros, es decir que establezca los derechos que tienen los consumidores de servicios financieros, y les establezca a las entidades en qué condiciones deben prestar esos servicios”.
Heller subrayó que una legislación en ese sentido “es un cambio pendiente e importante”.
“Es un proyecto que presentamos cuando asumí la diputación”, sostuvo Heller, quien está comenzando su segundo período como diputado nacional. Actualmente, tiene estado parlamentario un texto de 2012, sobre la base del proyecto original presentado en 2010, pero teniendo en cuenta los avances producidos con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, y contemplando otros cambios para ampliar y mejorar el acceso al crédito de las empresas y los particulares de todas las regiones del país, en particular de los sectores de menor potencial económico.
El legislador recordó que la iniciativa recibió el apoyo de más de un millón de ciudadanos. “Hicimos una campaña y juntamos un millón y pico de firmas, no debe haber muchos proyectos de ley avalados con ese nivel de respaldo popular”, evaluó.
Sobre la posibilidad de que el proyecto se trate durante el período legislativo 2014, Heller expresó: “yo he dicho infinidad de veces que uno, si se siente parte de un proyecto, aporta su punto de vista, pero también están los administradores de los tiempos y de las oportunidades para que cada cosa pueda ser impulsada”. ”Nosotros vamos a seguir difundiendo, militando, explicando e impulsando su tratamiento”, concluyó Heller.

"Francia apoyará a Argentina en la negociación con el Club de París"

El presidente galo, François Hollande, anunció que su país "hará todo lo posible" para "apoyar los trámites
argentinos" con sus acreedores del Club de París, porque un acuerdo entre ambas partes impactará en los intereses del Estado francés "para tener más flujo comercial" con Buenos Aires. Por su parte, la presidenta Cristina Kirchner agradeció el respaldo a esas negociaciones -que comenzarán el 28 de mayo-, así como también el "amicus curiae" con que Francia apoyará a Argentina en el litigio que mantiene con los fondos buitres y que tramita la Corte de Estados Unidos.
"Estamos haciendo todo lo posible en la relación con el Club de París para que podamos apoyar los trámites argentinos" con ese organismo "porque esto corresponde también a nuestros intereses, para tener más flujo comercial", destacó Hollande durante la conferencia conjunta que ambos mandatarios dieron el la sede del gobierno francés, luego de mantener una reunión privada y un posterior almuerzo en el que trataron cuestiones bilaterales.
La presidenta argentina agradeció "la decisión (de Francia) de apoyar las negociaciones con el Club de París", que entrarán en su etapa de diálogo directo 28 de mayo, durante una reunión entre representantes del gobierno argentino y de ese organismo acreedor. "Si llegan a acordar", sostuvo Cristina Kirchner, "va a ser algo beneficioso para Argentina y la empresas europeas, que podrán volver a tener créditos en sus agencias nacionales para aportar crecimiento a sus economías".
CFK sostuvo que el acuerdo redundará en beneficios a las firmas francesas que invierten en Argentina, como "Gas Total, que decidió incrementar la perforación off shore, asociada con YPF" y con cuyos representantes la Presidenta se reunirá en los próximos días, reveló.
Luego reveló que Francia va a "concurrir como 'amicus curiae' ante la Corte de Estados Unidos", donde tramita una causa iniciada por los "fondos buitre que intentan tumbar el acuerdo del 93 por ciento de los acreedores en dos canjes. Tumbar el acuerdo de deuda soberana más importante del mundo".
Hollande calificó a la visita de su par argentina como "importante" para "profundizar" una relación entre ambos países de la que se cumplen 50 años. "Tenemos una relación económica intensa con prioridades que hemos fijado: energía, medicina, ciencia y tecnología porque argentina es un gran país científico", destacó el mandatario francés, quien anunció acuerdos de cooperación entre institutos de investigación de ambos países, así como también la homologación de diplomas entre universidades argentinas y francesas. "Argentina es el tercer socio comercial de Francia en América del sur", subrayó.
Cristina Kirchner también resaltó la "intensa relación cultural, social, política comercial e histórica" entre ambas naciones y al referirse al vínculo comercial comparó que, en 2003, el flujo entre ambos países ascendía a los 300 millones de dólares, mientras que en la actualidad es de 2.600 millones de dólares, con superávit de mil millones para Francia".
Además, reveló que ambos dialogaron sobre un avance en las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, y confirmó que invitó al presidente Hollande a que visite Argentina.

Nota: Pagina 12 - 19/03/14

Crecimiento, subsidios y acuerdo beneficioso

Artículo publicado por: Carlos Heller
El informe del jefe de Gabinete en el Senado de la Nación no sólo ha sido importante por su duración, en parte debida a las múltiples respuestas dadas a los senadores, sino porque fue construido con una gran cantidad de datos que avalan todo lo que se ha avanzado en esta última década, siguiendo la línea del discurso de Cristina Fernández en la Asamblea Legislativa.
De tan extensa exposición resulta difícil extractar los conceptos más relevantes, muchos de los cuales ya han sido publicados por algunos medios y olímpicamente obviados por otros.
Jorge Capitanich señaló que en los últimos meses “se ha diseñado un programa económico estructural que privilegia el empleo y la producción, con condiciones para estimular la competitividad interna y el desenvolvimiento de las economías regionales”.
Comentó que la política económica apunta a generar condiciones para propiciar un estímulo en el consumo y también sobre la inversión, mencionando el fuerte impacto de la línea de crédito para la inversión productiva del BCRA.
El jefe de Gabinete mencionó tres objetivos principales para el corto y mediano plazo. Uno de ellos es “el autoabastecimiento energético para reducir o eliminar la importación de energía”, para lo cual “es estratégico el rol de YPF”. En este aspecto cabe mencionar los buenos datos del incremento de producción de YPF en 2013.
Otro objetivo consiste en la reducción del déficit en la balanza comercial de algunos complejos industriales de producción de bienes y servicios, como el automotriz. La mención a este tema es una gran oportunidad para pensar en intensificar una política de sustitución de importaciones de nuevo tipo, que se centre en aquellos sectores del conocimiento, otros de alto valor agregado y en los que sean poco demandantes de importaciones.
El tercer objetivo lo fijó en la necesidad de “mantener el crecimiento de carácter sustentable y, con ello, el mejoramiento de la calidad de vida” que, podríamos decir, es una meta de carácter permanente.
Una de las áreas del informe que tuvo muchas repercusiones fue el tema de los subsidios a las tarifas públicas, y la referencia a la reducción paulatina de los mismos, una meta ambiciosa pero que debe encararse con la necesaria sintonía fina.
Desde la oposición se hicieron oír críticas, como la de Martín Lousteau, quien expresó que “tenemos una inflación galopante porque el Estado gasta mucho y muy mal”, para luego agregar que “ya sabe todo el mundo cómo se controla la inflación. Pero en Argentina vamos por una línea exótica”. (Cronista 13.03.14).
No resulta original la muletilla del gasto público como el mal de todas las cosas, pero evidencia que el diputado de Suma + Unen está utilizando las doctrinas ortodoxas. Si hurgamos en el diccionario, ortodoxia se define como “conformidad con doctrinas o prácticas generalmente admitidas”, explicación que combina perfectamente con el “ya sabe todo el mundo” citado por Lousteau, y el adjetivo “exótico” atribuido a las políticas heterodoxas. Este enfoque deriva la solución de los aumentos de precios al clásico ajuste fiscal y salarial, mención que el legislador evita con las más variadas metáforas.
También en el Senado se comenzó a tratar el “Convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación” entre el Estado Nacional y Repsol, con los informes de Carlos Zannini, Axel Kicillof y Miguel Galuccio. Según el primero, “hemos tenido éxito en lograr que el expropiado convalidó no sólo el precio de la expropiación sino también los medios de pago a utilizar. Y esto no es una cuestión menor”, resaltando que el precio acordado de parte de Repsol “está muy por debajo de sus expectativas iniciales”. Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda defendió en varias oportunidades el valor estipulado y la forma de pago: “la (indemnización la) estamos pagando en cuotas y esto es bueno para los argentinos porque es una decisión estratégica”.
Entre los distintos razonamientos sobre las bondades del acuerdo, Kicillof comentó que en los dos últimos años “nos ahorramos U$S 2000 millones en dividendos que Repsol giraba a su casa matriz”, comparados con los U$S 5000 millones que hoy se están pagando en largas cuotas.
Este convenio está cerrando un capítulo iniciado con la expropiación de las acciones de Repsol, y allanando el camino para que YPF continúe, con mayor intensidad y más inversiones, bregando por revertir el déficit energético.
HAZ LO QUE YO DIGO… En el plano internacional vale mencionar la presentación del Reporte Económico de Obama al Congreso de los Estados Unidos, donde resalta el crecimiento de los últimos cuatro años, tras la caída experimentada por la crisis en 2008 y 2009.
Según el Consejo de Asesores Económicos, la Ley de Recuperación y Reinversión por sí misma contribuyó a crear cerca de 6 millones de puestos de trabajo hacia fines de 2012 y a incrementar el nivel del PIB entre un 2% y 2,5% desde finales de 2009 hasta mediados de 2011.
El paquete fiscal involucrado en la ley consistió básicamente en recortes impositivos a individuos, incentivos fiscales a empresas, ayuda social, e inversión pública en áreas como la energía, la salud y la educación, requiriendo recursos que totalizaron los U$S 832 mil millones; un notable esfuerzo fiscal de casi 6 puntos del PIB. A estas medidas anticíclicas hay que sumar las políticas monetarias, de estabilización financiera, y hasta de nacionalización de empresas, como fue el caso de General Motors.
Las enseñanzas son claras. Los norteamericanos están saliendo de la crisis económica que ellos mismos generaron, aplicando las medidas contrarias a las propulsadas para el resto de los países por los organismos internacionales, que ellos dirigen, un discurso que forma parte de la habitual retórica del “doble estándar” a la que nos tienen acostumbrados.
Obama ha enviado el Presupuesto 2015 al Congreso (período que comienza a mediados de este año), en el cual propone aumentar los impuestos a los ricos, aplicando la denominada regla “Buffet” que requiere que los millonarios paguen no menos de un 30% de tasa impositiva sobre el ingreso, deducidas las contribuciones a la caridad, así como aumentos en el gasto social, una propuesta que difícilmente pase por el tamiz de los legisladores republicanos.
En las palabras de Obama también estuvo presente el tema de la distribución del ingreso, al señalar que “las tendencias que han amenazado a la clase media por décadas se han profundizado, ya que mientras que los que están en la cima se encuentran mejor que nunca, los salarios promedio apenas se han incrementado”. Las cifras son claras al respecto, ya que durante el período 2010-2012, posterior a la crisis financiera, en Estados Unidos el 1% más rico de la población acumuló el 95% del crecimiento, una cifra que supera con creces el valor del 68% que promedió en el amplio período que va de 1993 al 2012. Son datos contundentes que expresan algunos de los límites que presenta el sistema capitalista a la hora de satisfacer las necesidades de las grandes mayorías y que nos obligan a pensar alternativas distintas de las que se pregonan desde los grandes centros y que afectan sensiblemente la realidad de las periferias.
Al respecto, las palabras mencionadas por Michelle Bachelet el día de su reasunción, quien entre otras cosas sostuvo que “creemos que puede haber un Chile diferente y mucho más justo”, dan una idea de las importantes asignaturas en términos sociales y de redistribución de los ingresos que afrontará el nuevo gobierno, apoyado por una renovada alianza política consustanciada con la búsqueda de un nuevo orden para la sociedad, alejado de los parámetros más conservadores. Se trata sin dudas de un cambio de paradigma indispensable y a la vez constituye todo un desafío para los gobiernos progresistas de la región, que suelen enfrentar la oposición de los grandes grupos económicos. La amplia asistencia de mandatarios al acto de asunción refrenda la importancia de la integración latinoamericana, algo importante para una presidenta que va a tener que decidir si profundizar la Alianza del Pacífico, o tornarse más hacia Latinoamérica y el Mercosur, y de esa forma, ayudar a consolidar el camino libertario que han venido recorriendo gran parte de los gobiernos de la región.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 16 de marzo de 2014.

martes, 18 de marzo de 2014

Memoria, Verdad y Justicia

Este 24 de Marzo marchamos por un Nunca Más, nos juntamos previamente a las 15hs. en el local de Santiago del Estero 112 - Ciudad de Córdoba.
Los esperamos!

"La negociación, en el monto y en el plazo, es excelente"

“Se termina una etapa de lo que fue la más paradigmática de las privatizaciones de los noventa en nuestro país, la de YPF, la empresa más grande de la Argentina”, sostuvo Juan Carlos Junio, diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro, al opinar sobre el acuerdo que el Gobierno firmó con Repsol en compensación por la expropiación en 2012 del 51 por ciento de sus acciones en YPF, que actualmente se debate en el Congreso de la Nación.
“Terminamos esa fase oprobiosa en términos estratégicos, simbólicos y económicos en la que llegamos a un punto en que la empresa en manos de ese monopolio español remitía todas las utilidades a su casa matriz y había dejado de realizar todo tipo de inversiones”, subrayó el legislador en Radio Del Plata, en diálogo con el periodista Carlos Polimeni.
Junio detalló que Repsol tenía un mecanismo muy similar a aquel de “extractivismo total y envío de toda la riqueza a la metrópolis” de la época de la Colonia.
“La reestatización del 51 por ciento de YPF es un hecho de extraordinario valor. Estamos frente a un maravilloso ´fin de ciclo´ de la privatización de nuestra empresa de hidrocarburos de bandera”, dijo Junio, tomando en otro sentido el concepto de “fin de ciclo” que algunos medios de comunicación intentan instalar por estos días.
“La negociación, en el monto y en el plazo, es excelente. El señor (Antonio) Brufau, cuando estaba todavía muy exaltado, reclamaba a los gritos 18.000 millones de dólares, y los grandes monopolios de la comunicación nacional lo justificaban. Cuando se inició la negociación real reclamaba 10.000 millones de dólares, por supuesto, al contado. Estamos cerrando, luego de dos años, con un arreglo de 5.000 millones de dólares que vamos a pagar a un promedio ponderado de 15 años”, reseñó el diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, Junio destacó que el valor de la estatal creció luego de la expropiación. “Con las nuevas reservas de Vaca Muerta, la empresa pasa a tener la segunda reserva de shale gas del mundo y la cuarta de petróleo. O sea, el valor de nuestra empresa es muchísimo mayor que hace dos años”, concluyó el legislador.

Progresar es tu derecho


“Cuidar los precios es tarea de todos los que creemos en el trabajo y la producción”

Fernández, junto con representantes de otras entidades, buscará las distorsiones de los precios.
Es la convicción del titular de Apyme, entidad que lanzó una campaña con la que busca poner en evidencia las distorsiones de precios que ocurren en las cadenas de los insumos que reciben las pymes.
Comprometido desde siempre con los pequeños empresarios de Córdoba, primero, y ahora de todo el país, Eduardo Fernández, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) desafía el orden establecido e impulsa -junto a la red de delegaciones regionales y otras organizaciones- una “Campaña de Denuncia y Esclarecimiento” sobre el accionar de los formadores de precios de los insumos básicos para distintos rubros de la actividad económica. En diálogo con Comercio y Justicia, brindó detalles de este emprendimiento.

-¿Cómo nace la iniciativa?

-Surge de reuniones en las distintas delegaciones de Apyme y de la participación en diferentes encuentros con otras organizaciones. La inquietud nace porque a veces se lee en los diarios que la Secretaría de Comercio de la Nación arregló con tal o cual cámara que se retrotraigan los precios a tal fecha y resulta que de manera inmediata, las empresas reciben listas o condiciones de pago distintas que alteran el precio de los insumos. Entonces comenzamos a hacer un relevamiento con socios y no socios que nos están indicando cuáles son sus modificaciones de costos. La metodología que estamos usando es el simple relevamiento de los precios de los insumos que proceden de formadores de precios, como es el caso de la chapa o el hierro para el caso de los metalúrgicos, el plástico, el papel, harina para el caso de los alimentos, porque no tenemos la posibilidad ni la capacidad de reemplazar ningún otro relevamiento de precios sino que pretendemos trasladar a las autoridades el comportamiento dispar que están teniendo los precios en cada una de las regiones.

-¿Qué rubros van a abarcar?

-Hemos empezado con los insumos de los metalúrgicos, vamos a seguir con imprenta y el caso del papel puntualmente; luego con el plástico. Después pensamos extender el relevamiento al dispar comportamiento del costo energético, incluso dentro de las mismas regiones, según los tamaños de las empresas.

-¿Qué pretenden lograr?

-Tenemos pensado juntarnos con el secretario de Comercio a quien, además de llevarle casos puntuales, vamos a plantearle la necesidad de que el estudio de las cadenas de valor incluya, en algún punto, alguna forma de consulta hacia la pequeña y la mediana empresa porque es a las que les llegan costos distintos.

-Pero no van a hacer mención sólo de los costos…

-No, porque a veces el costo tiene un incremento de 2% pero los proveedores dicen ‘antes me pagabas a 60 días, pero ahora te cerré la cuenta corriente, me tenés que hacer el pago anticipado o tomamos de referencia el vaor del dólar’. Entonces resulta que el costo de financiamiento hoy en plaza ha llegado a entre 42% y 44%, dependiendo si es giro en descubierto o compra de cheques, y resulta que todos esos factores inciden en la ecuación de los costos. Es decir, para nosotros no sólo se trata del costo de los formadores de precios sino también de los fletes (que hay empresas que los cobran), o por ejemplo, en el caso de los gases especiales, cobran el alquiler de los tubos que no los venden, es decir, hay diversas formas que encontraron los formadores de precios para incrementar el costo de los insumos muy por encima de lo que fue la devaluación.

-¿Para esto creen necesario el Consejo Económico Social?

- Nosotros entendemos que a nivel nacional es necesario que se conforme el Consejo Económico Social y que funcione junto a la Secretaría de Comercio. Porque nosotros podemos relevar el grado del daño que producen, pero no vemos que el Estado tenga herramientas eficaces para castigar a los especuladores ya que las multas las recurren y terminan en la nada. Por ello es que estamos juntando los datos para solicitarle al Estado una intervención inteligente que le ponga coto a la discriminación que sufren las pymes a la hora de recibir insumos. Es nuestra pretensión que se conforme el Consejo Económico, en el que participen consumidores, empresarios, trabajadores y todos los interesados en que las políticas de precios morigeren los efectos de la concentración económica.
-¿La pretensión es que los Precios Cuidados no sólo alcancen a los alimentos?
-Creemos que los Precios Cuidados han servido para que los consumidores, el público en general y los pequeños empresarios comiencen a valorar el comportamiento de los formadores de precios que han firmado convenios en los que no pierden plata, sin embargo hay una distancia sideral con los precios de iguales productos pero de las mismas u otras empresas. Entonces, eso hace abrir los ojos. Pero con eso no basta. Creemos que, primero, hay que extender el plan porque las pymes, y sobre todo las regionales, han quedado fuera. Hay muchas interesadas en ofrecer Precios Cuidados y esto no se ha extendido a secretarías de Comercio de las provincias y municipios. Además, nosotros creemos que hay que generar canales para la detección de los aumentos indiscriminados de los costos. Esto va a ayudar al ánimo del pequeño empresario para que no traslade subas y a veces evite prevenirse de futuros incrementos.

-¿Tienen alguna promesa del Gobierno respecto de penalizar a quienes no cumplan con los acuerdos?

-Tenemos la firma intención de acercarle al Gobierno nacional una preocupación que tiene que ver con que creemos que cuidar los precios no es un problema del Estado sino de todos los sectores que creemos en el trabajo y la producción, y para ello debemos hacerlo de manera más eficiente. Por ello es que iniciamos esta campapaña y ya estamos descubriendo a dónde se distorcionan los costos de algunos insumos.

Distorsionados
En una “comunicación interna” entre asociados de Apyme se ponía en evidencia la diferencia de costos de los insumos metalúrgicos entre diferentes regiones: “A un taller de Mendoza se le cobra 1,20 dólares el kilogramo de hierro, según el valor del dólar ilegal (blue); ese material se debe pagar al contado, con un precio final que se fija en el momento de la operación. Para empresas de Córdoba que utilizan caños de acero, el incremento general en los últimos seis meses llegó a 35 %. En Rosario, los aumentos llegan a 30% en los últimos dos meses. En la localidad bonaerense de San Martín, las empresas del rubro han debido afrontar en el último año subas de 57,4% en chapas de laminado plano”.

Nuevas condiciones

”Mientras que los productos vienen con aumentos constantes y desproporcionados a lo largo de la cadena de valor, se acortan considerablemente o desaparecen los plazos de pago, que en muchos casos deben incluso anticiparse; a su vez, los clientes pueden llegar a pagar hasta en 90 días. Esto sucede en tanto se encarece y se hace mayormente inaccesible el crédito para las mipymes, tanto de proveedores como en el sistema financiero, por la importante suba de tasas y condiciones de calificación vigentes que una gran mayoría de las empresas pequeñas y medianas no puede afrontar”, indicó el titular de Apyme nacional.